La organización México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) documenta en su reciente investigación cómo las fuerzas armadas mexicanas han consolidado una profunda expansión económica y un modelo de “emprendimiento militar” que opera al margen de los procesos presupuestales ordinarios.
A pesar de que la administración de Claudia Sheinbaum Pardo aplicó ajustes a la baja en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2025 y 2026, los recursos destinados a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Secretaría de Marina (SEMAR) mantienen una línea de base superior a cualquier nivel histórico registrado antes de 2024. Este empoderamiento financiero combinado supera ampliamente las asignaciones conjuntas de dependencias civiles como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
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El informe revela que una parte sustancial del poder económico se gestiona a través de mecanismos opacos como los fideicomisos públicos sin estructura orgánica, los cuales acumulan un monto agregado de 87 mil 606 millones de pesos bajo el control militar, destacando el fideicomiso FPAPEM de la SEDENA como el tercero de mayor cuantía en toda la Administración Pública Federal. El conglomerado empresarial controlado por los militares abarca ya la operación de 12 aeropuertos, el 15% de la infraestructura nacional, aerolíneas comerciales, hoteles, museos, el Tren Maya e incluso la administración total de las aduanas y el sistema portuario del país.
Estas entidades paraestatales registran un desempeño financiero frágil y una dependencia estructural de transferencias federales, operando bajo una flexibilidad presupuestaria que elude el control del Congreso y debilita la rendición de cuentas.
Además de la acumulación de recursos monetarios, la investigación alerta sobre una masiva e inédita “vía de enriquecimiento institucional” invisible en los estados financieros: la expropiación de tierras. Entre 2023 y 2026, el Estado mexicano ha emitido un estimado mínimo de 294 decretos expropiatorios y declaratorias de utilidad pública relacionados con el Tren Maya, transfiriendo la titularidad de miles de hectáreas de propiedad privada y ejidal directamente al patrimonio inmobiliario de la empresa militar.
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Fuente: Aristegui Noticias